Revista Toumaï (26/11/2009)El proyecto de reforma de la Ley de Extranjería contiene cambios que afectarán a la vida y convivencia de los miles de inmigrantes radicados en España.
La iniciativa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incluye mejoras en los derechos como la protección a las mujeres víctimas de violencia de género o la posibilidad de trabajar a quien ha sido reagrupado y sea mayor de 16 años. Sin embargo, se cuestiona la ampliación del plazo de internamiento, hasta de 60 días, para los foráneos indocumentados y que no se estipule que todos los extranjeros tienen derecho a la educación. Otro aspecto polémico es que se restringue la posibilidad a los sin papeles de empadronarse, con lo cual no tienen acceso ni a la educación ni a la sanidad.
Pese a que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se ha esforzado en exponer que la reforma de la Ley de Extranjería es una decisión que se aplica con el fin de adaptar la legislación a la realidad española, con un rápido repaso a los artículos de sanciones, queda en evidencia el giro restrictivo en la política migratoria. Por ejemplo, la persona que inscriba a un extranjero en el padrón municipal y que éste no viva en el piso constituye una multa de hasta 10.000 euros. La misma cantidad de dinero pagaría quien haga una carta de invitación a un inmigrante y éste se quede en España por más de 90 días. Para combatir la llegada irregular de personas se creará un sistema para controlar las entradas y salidas de los inmigrantes de la Unión Europea. El nuevo mecanismo estará a cargo del Ministerio del Interior.
Fuente: http://www.migrar.org/noticias/noticia/?id=1001
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