Rubén G. Herrera
Tercera Información
ONGs reclaman a la UE que modifique la política de control de fronteras que actualmente gestiona la Agencia de Control de Fronteras Exteriores (FRONTEX)
El objetivo más importante de la política migratoria europea es evitar a toda costa la entrada de personas de manera irregular en Europa. España, puerta para migrantes procedentes del Noroeste de África hacia Europa, es un país pionero en establecer dicho objetivo, haciendo externo el control de fronteras en aguas internacionales y en las costas africanas, y mediante la cooperación con terceros países para frenar los flujos migratorios, sin tener en cuenta que eso podría suponer numerosas vulneraciones de los derechos humanos. Pero según el Ministerio de Interior español, las llegadas irregulares por mar a las Islas Canarias han disminuido más de un 92% entre 2006 y 2009.
Frontex ha contribuido decisivamente en esto y ahora los Estados de la Unión Europea piden su fortalecimiento y el aumento de su capacidad para cooperar con terceros países, además de que se abra la posibilidad de realizar vuelos conjuntos de repatriación, organizados y financiados por la agencia.
Bjarte Vandvik, Secretario General del Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados, afirma que «Los Estados tienen el legítimo derecho a controlar sus fronteras, pero este derecho no debe ser una excusa para ignorar que hay personas que huyen de guerras o de persecuciones y tienen el derecho a la protección internacional según las leyes nacionales e internacionales. El fortalecimiento de Frontex requiere que sus operaciones sean controladas para garantizar el respeto de los derechos humanos».
Alfredo Abad, Secretario General de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), añade: «Los gobiernos europeos se vanaglorian de su éxito en la lucha contra la inmigración irregular, un ‘éxito’ que están pagando los refugiados que no pueden llegar a territorio europeo. La Unión Europea muestra así una preocupante hipocresía: celebra el establecimiento de un sistema europeo de asilo a la vez que deja a los refugiados fuera de Europa, donde no tienen acceso a su derecho a la protección internacional».
El enfoque cada vez más restrictivo hacia la inmigración es una tendencia que está presente no sólo en las fronteras de Europa. Como elemento disuasorio, los gobiernos están mandando el mensaje a aquellos que quieren entrar en territorio europeo de que serán mal tratados.
«Hay una creciente tendencia de tolerancia cero hacia los migrantes irregulares y hacia aquellos que les prestan servicios en varios países de la Unión Europea. Esta política afecta al acceso al sistema sanitario y a otras condiciones para una vida segura, y hace que personas inocentes sean tratadas como criminales», ha afirmado Nicolas Beger, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante la UE.
Eric Besson, ministro de Inmigración e Identidad Nacional en Francia, ya ha tomado medidas drásticas a la francesa, y ha presentado a una demanda de «tratamiento con urgencia» que delimitará el próximo 25 de febrero: un proyecto de reforma y refuerzo de las políticas de control, así como una revisión «más enérgica» de la política europea de la agencia Frontex. Resulta cuanto menos preocupante que estas iniciativas no nazcan de España, en su posición de presidencia actual de la Unión Europea.
Independientemente de dónde se realice el control de fronteras y de quién lo lleve a cabo, los métodos para evitar entradas no autorizadas deben tener en cuenta la identificación de personas que necesitan protección internacional, de manera que no sean devueltas a ningún país donde puedan sufrir persecución. Las obligaciones que los Estados miembro tienen en virtud de las leyes internacionales y las leyes europeas de derechos humanos y refugiados no desaparecen en los límites físicos de la UE. Es decir, la responsabilidad es no sólo moral y política, sino también legal. Los Estados miembro de la UE no pueden abdicar de sus principios, valores y compromisos haciendo fuera de sus fronteras lo que no sería permisible en sus territories
Un caso de las antes mencionadas posibles vulneraciones de los derechos humanos por España lo representarían los acuerdos firmados con Mauritania y Senegal en 2006 para permitir el desvío de embarcaciones a su punto de partida desde cierta distancia de la costa africana.
Actualmente, más de cuarenta millones de personas son migrantes que buscan refugio. Las solicitudes de asilo en la UE representan sólo una fracción pequeña de ese número. Hay en este momento menos de 240.000 solicitudes de asilo registradas en los 27 Estados miembro, –en contraste, en 1992 pidieron asilo en los entonces doce países de la UE unas 550.000 personas-. ¿Cómo se explica ese descenso si no es impidiendo el acceso?
FUENTE: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article13183
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