Andalucía Acoge reclama al Gobierno normativas que protejan a la víctimas de la violencia de género independientemente de su procedencia y situación administrativ
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a. Esta semana se recordó el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia de Género, para conmemorarlo la Federación Pro Inmigrantes Andalucía Acoge denuncia que “la mujer extranjera víctima de la violencia de género sigue estando desprotegida si se encuentra en una situación administrativa irregular, aunque exista una Ley Integral de Violencia de Género (1/2004) que en teoría protege a todas las víctimas de violencia de género independientemente de su situación administrativa”.
Según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, a 11 de noviembre de 2008, el número total de mujeres víctimas es de 57, de ellas 26 son extranjeras, lo que supone el 45, 6 % del total.
Andalucía Acoge señala que “la mujer extranjera sufre una doble discriminación: la ejercida por el maltratador y por la legislación al primar su condición de inmigrante sobre la de víctima”.
Para la organización es cuanto menos sorprendente que existan instrucciones en las que se diga que cuando una mujer víctima en situación administrativa irregular va a denunciar a su agresor a la comisaría, se le inicie un expediente de expulsión. En cada caso, siempre que exista sentencia firme, se le podrá conceder una autorización de residencia por circunstancias excepcionales; que si no existe una sensibilidad en la Subdelegación del Gobierno correspondiente con esta situación, “los trámites para la concesión de la autorización de residencia a las mujeres víctimas son los mismos que se requieren para cualquier tipo de autorización, sin darle la preferencia que merecen”"La voluntad del gobierno en proteger a las víctimas de violencia tiene que traducirse en normativas"“Una situación aún peor, se produce cuando la mujer víctima no sólo está en irregularidad administrativa, sino que tiene una expulsión iniciada con anterioridad a la denuncia”, indican desde la entidad. En este sentido, Andalucía Acoge denuncia que nuevamente hace falta la sensibilidad de las subdelegaciones del gobierno, que aún teniendo potestad para revocar las órdenes de expulsión, no todas lo consideran oportuno. La organización exige “que la voluntad del gobierno en proteger a las víctimas de violencia tiene que traducirse en normativas que las protejan independientemente de su procedencia y de su situación administrativa. Su situación de víctima siempre tiene que prevalecer sobre la condición de inmigrante”.
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