RUMÍ ADMITE QUE LA AMPLIACIÓN A 60 DÍAS DEL PLAZO DE RETENCIÓN PARA INMIGRANTES "ES NEGOCIABLE"

Dependerá de lo que se decida en sede parlamentaria cuando en otoño se proponga un borrador de reforma de la Ley de Extranjería
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, aseguró en una entrevista concedida a Europa Press que la ampliación a 60 días del plazo máximo de retención para inmigrantes expulsables "es negociable" y dependerá de lo que se decida en sede parlamentaria cuando en otoño se proponga un borrador de reforma de la Ley de Extranjería.
El PSOE recogió en su programa electoral la propuesta de ampliar en 20 días el plazo máximo de retención en los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE) por considerar que el plazo actual, estipulado en 40 días, resulta "insuficiente" para completar los trámites de expulsión, especialmente en el caso de los ciudadanos procedentes de países asiáticos, cuya burocracia tarda más de dos meses en reconocer y admitir a los retornados desde España.
Sin embargo, el máximo de 60 días podría verse ampliado o reducido en función del cariz que tomen las negociaciones en el Parlamento y las pretensiones del resto de grupos políticos pues, según explicó Rumí, la intención del Gobierno es alcanzar "el máximo consenso posible" en la reforma del texto legal. "Con el PP entiendo que no ha de haber ningún problema, porque en alguna ocasión les he escuchado decir que estaban de acuerdo en ampliar el plazo de internamiento", apostilló la secretaria de Estado.

52.000 REAGRUPADOS EN 2008
Otra de las propuestas del Gobierno para "adaptar a la nueva situación de la inmigración" la Ley de Extranjería tiene que ver con el régimen de reagrupamiento familiar y la posibilidad de conceder permiso de trabajo de forma automática a los hijos reagrupados que tegan entre 16 y 18 años de edad para que, si no desean seguir estudiando en España, puedan incorporarse al mercado laboral.
Según apuntó Rumí, esta propuesta se podría ver ampliada si cristaliza la hasta ahora "reflexión" del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, de introducir además, una restricción al núcleo familiar de los reagrupamientos, lo que se "consultará a partir de septiembre entre todos los implicados".
En el primer semestre de 2008, se han reagrupado un total de 52.000 familiares de extranjeros afincados en España, según confirmó la secretaria de Estado. En 2007 la cifra de reagrupados ascendió a 128.161 personas, frente a las 97.759 del año anterior.
En paralelo, el Gobierno continúa trabajando en la preparación del Decreto de Retorno Voluntario, una iniciativa que tal y como confirmó Rumí, entrará en vigor "en otoño", afectará a un universo de 100.000 personas, tendrá carácter voluntario y será permanente.

EL CASO DE RUMANOS Y BÚLGAROS
Por otro lado, Rumí adelantó que el Gobierno estudiará si impone o no una nueva moratoria laboral sobre la población rumana y búlgara en 2009 en función de la evolución que el colectivo haya registrado tanto a nivel poblacional como en el mercado laboral durante los dos últimos años, desde que el Consejo de Ministros acordó impedir que estos ciudadanos trabajasen en España por cuenta ajena.
"Ese periodo acaba el 31 de diciembre de 2008 y a partir de ese momento, puden ocurrir dos cosas: no se establece ningún período transitorio, o se establece un nuevo periodo transitorio por el tiempo que se estime oportuno", explicó Rumí. En todo caso, precisó que "esa decisión no está tomada".
"Para ello tendremos que ver la evolución no sólo de los ciudadanos búlgaros y rumanos que viven en España, sino la evolución de la incorporación al mercado laboral de estos ciudadanos", apostilló la secretaria de Estado.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en España los rumanos son el colectivo extranjero más numeroso, con un total de 728.967 personas empadronadas. En cuanto a los búlgaros, su población se incrementó en más de la cuarta parte en 2007 alcanzando a 1 de enero de este año, un total de 153.664 ciudadanos.
Rumí incidió en que los trabajadores rumanos y búlgaros "en un alto porcentaje son trabajadores por cuenta propia y no están afectados por la moratoria", y se remitió al análisis de los datos de tarjetas de residencia y evolución de la población extranjera, que a su juicio permitirán, cuando sean publicados, un análisis más en profundidad sobre la situación global del colectivo de cara al estudio de una nueva moratoria.
Fuente: elindependientedecanarias.com