CRIMENES DE GUERRA EN DARFUR

Era una decisión anunciada. El fiscal del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno O Campo, ordenó hoy la detención del presidente sudanés, Omar Hassan al Bashir. Se trata de la tercera vez en la historia en que se persigue a un mandatario en ejercicio, en esta ocasión por supuesto genocidio y crímenes de guerra en Darfur.
Sin embargo, desde Jartum se negó cualquier reconocimiento al proceso del que hoy se ha dado el primer paso y el Gobierno sudanés anunció que seguirá adelante con su particular proceso de paz para la región al oeste del país africano, precisamente un conflicto por el que se le imputan a Al Bashir 35.000 muertes. Tras el serbio Slobodan Milosevic y el liberiano Charles Taylor, Al Bashir se convirtió hoy en el tercer presidente en activo en padecer una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional, solicitada por la Fiscalía del organismo judicial con sede en La Haya, que también demandó la incautación de las propiedades y la congelación de los bienes del dirigente. Moreno Ocampo pidió la emisión de la orden ya que, como indicó en un comunicado, el jefe de Estado de Sudán "cometió crímenes de genocidio, crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra en Darfur", en base a las pruebas también aportadas. En concreto, el documento afirma que "fuerzas y agentes" bajo el control de Al Bashir han abatido a al menos 35.000 civiles y causado la "muerte lenta" de entre 80.000 y 265.000 personas, desplazadas de sus hogares por un conflicto iniciado hace cinco años. "Al Bashir cometió, a través de otras personas, genocidio contra los grupos étnicos fur, masalir y zaghaw", según el fiscal, "usando el aparato del Estado, a las fuerzas armadas y a la milicia/'janjaweed'". A ello se añade el asesinato, exterminio y transferencia forzosa de 2,9 millones de civiles, torturas y violaciones.


SIN RECONOCIMIENTO


Sin embargo, el Gobierno sudanés no reconoce esta iniciativa del Tribunal Penal Internacional. Poco después de conocerse la petición de su fiscal, llegó la respuesta desde Jartum: "Consideramos la acusación del presidente o de cualquier otro ciudadano de Sudán igual, no reconocemos nada que venga del TPI, para nosotros no existe", señaló el portavoz del Ministerio de Exteriores sudanés, Ali al Sadig. En cambio, el Ejecutivo apuesta por proseguir el proceso de paz en Darfur y proteger al personal de Naciones Unidas presente en el país, partícipe en una misión militar conjunta con la Unión Africana. Ya el domingo, miles de manifestantes habían tomado las calles de Jartum para protestar contra el potencial arresto, mientras coreaban consignas contra Estados Unidos. Asimismo, los principales partidos de la oposición también se opusieron a la orden de arresto. El Umma, formación que ganó los últimos comicios libres celebrados en el país africano, lamentó en una nota que "si se ejecuta una acusación formal contra el máximo representante del Estado, se producirá un colapso constitucional en Sudán". Por su parte, el partido Democrático Unionista indicó que la iniciativa "repercutiría de manera negativa en el proceso de paz de Darfur y del sur de Sudán". Sin embargo, la decisión del Tribunal de La Haya ha sido bien recibida por las organizaciones de Derechos Humanos, como 'Human Rights Watch', que a través de uno de sus portavoces, Richard Bicker, aplaudió que nadie esté "por encima de la ley". En esta misma línea, el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, afirmó que "nadie está exento de un proceso judicial" en una entrevista al diario francés 'Le Figaro' recogida por otr/press. No obstante, reconoció que la persecución "tendría repercusiones negativas muy serias para la operación de mantenimiento de la paz".


Fuente: la opinion.es