COMUNICADO DE SOS RACISMO- MADRID EN EL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO
Hemos vivido una situación en la que, junto a algunos hechos positivos, como la sentencia del Tribunal Constitucional que reconocía a los inmigrantes "sin papeles" algunos derechos humanos básicos que la ley de extranjería les había negado, se han multiplicado las señales de alarma y los sucesos negativos. Lo más preocupante, sin duda, ha sido el aumento de los casos de violencia racista, provocados en muchos casos por bandas neonazis que actúan con una injustificable impunidad. Algunos, como la brutal paliza que dejó tetrapléjico al congoleño Miwa Buene, en Alcalá de Henares, o la agresión que sufrió una joven ecuatoriana en un tren de Cataluña, han despertado gran interés en los medios de comunicación, y han provocado el escándalo y el rechazo de la mayoría de la sociedad.
Pero otros muchos han quedado en el anonimato, quizás no tan graves, por fortuna, pero igualmente condenables. Hablamos de casos de malos tratos por parte de guardias de seguridad y de agentes de policía (hechos aislados, sin duda, pero que deben ser cortados de raíz), de discriminaciones en locales públicos, de insultos racistas… Algunos de esos casos han llegado a nuestra oficina de información y denuncias, y están recogidos en el informe anual de SOS Racismo correspondiente a 2007.
Y también es preocupante el aumento del “racismo social”, la proliferación de actitudes xenófobas en personas que no se consideran racistas, que creen de buena fe que sus vecinos y vecinas llegados de otros países suponen una amenaza, o tienen privilegios en el acceso a los servicios sociales, o son los culpables del deterioro de la educación o la sanidad públicas. Ese racismo social tuvo como consecuencia que, hace un año, en las últimas elecciones municipales, varias candidaturas xenófobas obtuvieran representación de algunos municipios.
Es necesario sensibilizar e informar verazmente a la ciudadanuía, para disipar prejuicios, pero también hay que favorecer la integración social poniendo en marcha los recursos sociales que demanda una población en aumento, población que paga sus impuestos y contribuye al desarrollo económico con su trabajo.Este año nuestro comunicado se hace público en vísperas de unas elecciones generales en las que el tema de la inmigración se ha utilizado como arma electoral con muy poco sentido de la responsabilidad: levantar sospechas sobre los inmigrantes sólo lleva a alimentar prejuicios y actitudes xenófobas, que pueden conducir al enfrentamiento social. Y eso es exactamente lo que ha hecho el partido popular con su envenenada propuesta del “contrato de integración”. Decimos “envenenada” porque, desgraciadamente, no es sólo una “ocurrencia”, como se ha dicho. Es verdad que en cuanto a la exigencia del cumplimiento de las leyes no aporta nada nuevo: eso ya están obligados a hacerlo los inmigrantes, aunque a cambio no gocen de todos los derechos de ciudadanía. Y que lo de las “costumbres españolas” parece de sainete castizo.
Pero no es cosa de risa: aunque luego el PP haya matizado que lo que se busca es la mejor integración, su discurso ya ha presentado a ciertos colectivos extranjeros, especialmente a quienes vienen del mundo cultural islámico, como poco respetuosos con las leyes (puesto que deben firmar que van a cumplirlas), o como gentes que, de forma generalizada, tienen costumbres incompatibles con las nuestras.El Partido Popular no ha ahorrado durante esta campaña los mensajes demagógicos que presentan a los y las inmigrantes como “un problema”, cuando no como una amenaza potencial de la que hay que cuidarse, con el objetivo de ganar votos entre los sectores más desinformados de la sociedad. Y esos mensajes abonan ese racismo social del que antes hablábamos.Tampoco el partido gobernante ha demostrado una gran sensibilidad en este asunto. Es verdad que ha denunciado los excesos demagógicos del PP, y que en su política ha habido avances, como el proceso de regularización de 2005, el plan de integración, o un discurso que reconoce públicamente las aportaciones de las personas migrantes al desarrollo de España. Pero al gobierno le ha faltado sensibilidad democrática para dar una salida a las personas que llegan a nuestras costas, aunque sea de manera “ilegal” (entre comillas), tras un éxodo terrible, o a los miles de inmigrantes irregulares que llevan años en España sin poder regularizarse, pues tienen una orden de expulsión que no puede hacerse efectiva porque sus países no los aceptan. El gobierno presume de haber reducido los flujos de inmigración irregular, especialmente la que llega desde África, y presume también del alto número de expulsiones y devoluciones que ha realizado. Pero tras cada una de estas últimas hay una tragedia personal, y eso no nos parece motivo de orgullo. En cuanto a lo primero, si bien es cierto que está aumentando la proporción de llegadas por vías legales, frente a las irregulares, y eso nos alegra, esas vías no son aún suficientes y no se ajustan ni a la demanda de la economía española, ni a las circunstancias de las personas que quieren emigrar.
No creemos que esté descendiendo realmente el número de personas que tratan de llegar a Europa de manera irregular (porque no les dejan hacerlo legalmente). Lo que sí sucede es que cada vez llegan menos. O dicho de otra forma más cruda: que cada vez se quedan más en el camino, ahogados en el atlántico o perdidos en el desierto. Y estas muertes se deben a que cada vez es más difícil llegar, porque España, como el resto de la Unión Europea, externaliza sus fronteras, encomienda a los países de tránsito, como Marruecos, Argelia o Libia, que le libren de esos molestos seres humanos que quieren escapar de la miseria y soñar con un futuro mejor. A veces nos enteramos de que en el cumplimiento de esa misión se han violado unos cuantos derechos fundamentales, incluso que ha habido muertos, y nos escandalizamos un poco, pero las políticas se mantienen invariables, a pesar del terrible sufrimiento que suponen.
Que este manifiesto se haga público en vísperas de unas elecciones nos debe hacer pensar también que muchos miles de personas que viven y trabajan en España, que han echado aquí sus raíces y contribuyen al desarrollo del país, que se ven afectados por las decisiones políticas que se toman en todos los ámbitos, están privados sin embargo del derecho a participar, a elegir a sus representantes, o a ser elegidos como cargos públicos. La integración social, la convivencia entre personas con iguales deberes y derechos, es sin duda un objetivo deseable, imprescindible para evitar conflictos y fracturas como hemos visto en otros países. Esa integración no supone asimilación ni uniformidad, no está reñida con que cada cual tenga costumbres y peculiaridades propias. No es algo que vaya a conseguirse con un “contrato” discriminatorio. Pero sí exige que todos y todas cumplamos las leyes, y también que podamos participar en su elaboración. Que seamos ciudadanos iguales, en definitiva.
1 comentario:
Hola mariposas y escarabajos .... hoy día internacional en contra de toda discriminación por razones raciales ....y se me fue el baifo y me metí con el señorito Carlos Lugo Sosvilla .... se nos había escapado sus dos impresentables artículos .... ¿ por qué no opinais de esos artículos ? .. yo ya lo hice caer de un burro que habla canario ...
http://inmigracionunaoportunidad.blogspot.com/2008/03/carlos-lugo-sosvilla.html
un abrazo voceros de la dignidad humana , mariposas y escarabajos de las consciencias canarias ...
un abrazo y beso a todos/as
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