En España hay 7.000 menores inmigrantes que llegaron solos. La mayoría viene de Marruecos y recala en Melilla.
El Estado debe tutelarlos hasta que cumplen 18 años, pero cuando eso ocurre los abandona a su suerte.
Sin papeles, pero decididos a quedarse, malviven a la espera de poder rentabilizar lo que aprendieron en el centro de acogida.
Ésta es su historia.
Mohamed Daudi vino solo, como todos. Con 11 años se colgó una mochila al hombro y se separó de sus padres y sus cuatro hermanos.
Nunca los ha vuelto a ver.
Natural de Fez, la tercera ciudad marroquí tras Rabat y Casablanca, su familia malvivía vendiendo productos de contrabando en el mercadillo. «No había trabajo y decidí que tenía que escapar de allí.»
Caminando y haciendo auto stop, Mohamed llegó a Nador, y poco después se coló por la frontera de Beni Enzar hasta llegar a Melilla, territorio español.
Buscaba un trabajo digno y condiciones de vida impensables en un país, Marruecos, con altos índices de paro y analfabetismo.
Hoy, el niño ya es un hombre de 19 años que vive en la calle. Su chabola, muy próxima al centro de menores en el que ha pasado los últimos ocho años, no tiene más de dos metros de ancho por seis de largo y está construida sobre un amasijo de hierros que en su día fue un remolque de camión.
En su interior, un tejado hecho con desechos de obra, dos colchones, dos mantas, un trozo de pan con aceite y una botella de agua llena de arena, para sostener las velas que iluminan las noches de frío. «Cuando llueve se forma algún charco dentro, pero es mejor que estar en la calle».
En Melilla, cualquier obra a medio hacer, vivienda en ruinas o coche abandonado es válido para vivir, y cientos de marroquíes que llegaron como niños y que ahora son mayores de edad no tienen más remedio que agudizar el ingenio para no pasar la noche al raso.
Cuando Mohamed cumplió 18 años, la dirección del centro de menores La Purísima, un antiguo fuerte militar que hoy alberga a dos centenares de menores inmigrantes, le comunicó que hiciera las maletas y lo puso en la calle, acorde con una legislación que obliga a las autoridades a tutelar a los menores extranjeros no acompañados hasta la mayoría de edad.
Lo único que conserva este joven es un certificado de residencia a punto de expirar, algo de ropa que limpia con cubos de agua en una mezquita melillense y a Chamaca, un compañero de penas en la misma situación que él.
Para comer, acuden a la mezquita o caminan hasta un puente cercano al puesto fronterizo de Farhana.
Allí, varios inmigrantes hindúes cocinan arroz típico de su país y llenan el estómago por poco dinero. «Nos ponen buenas raciones por menos de dos euros.»
Otras veces, los menores que residen en el centro rescatan algo de comida del comedor y lo entregan a sus compatriotas.
Después de ocho años en España, Mohamed está integrado en la sociedad melillense, pero se encuentra en tierra de nadie, pendiente de una regularización imposible que le permita cumplir sus sueños. «Quiero olvidar lo que ha pasado, conseguir un trabajo y alquilar un piso, como cualquier adulto», afirma.
En el centro de menores, además de ir al colegio, completó cursos de albañilería, fontanería, carpintería, electricidad y jardinería. «Sé hacer cosas y sé trabajar y, si Dios quiere, lo conseguiré.»
Como muchos otros jóvenes en su situación, Mohamed ha trabajado sin papeles y tiene un precontrato para trabajar en una empresa de albañilería, pero le falta un dato por rellenar. «En la Oficina de Extranjería me piden un número de pasaporte marroquí, pero ¿cómo lo voy a conseguir?», se lamenta.
«Salí de mi país con 11 años, mi casa está a 400 kilómetros y no tengo un solo documento que acredite mi nacionalidad.»
José Palazón Osma, presidente de la Asociación Pro Derechos de la Infancia de Melilla (Prodein), lleva casi una década luchando por los menores inmigrantes que cruzan la frontera. «Todo niño, sea cual sea su nacionalidad, debería obtener legalmente la residencia a los nueve meses de estar en España», afirma con rotundidad.
Eso, según Palazón, es pura utopía. Cuando cumplen 18 años, los jóvenes que han pasado por los centros de menores necesitan justificar su arraigo en España para renovar el permiso de residencia. «Legalmente, lo conseguirían con el certificado de haber sido tutelados por la Ciudad Autónoma –explica–. Y ése es justamente el documento que la Administración no les da para impedirles la renovación y obligarlos a marchar.
fuente: XLSEMANAL
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