LA CUESTIÓN POBLACIONAL. Juan Manuel García Ramos.

Como nos acaba de informar el Instituto Canario de Estadística (Istac), Canarias necesitó mil novecientos sesenta años en reunir un número de habitantes que ahora ha tardado cuarenta y siete años en ver redoblado. Es decir, en 1960 vivían en Canarias 966.177 personas; en 2007, 2.020. 947.Le he oído decir al competente Roque Calero, catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que una Canarias sostenible es impensable sin una Canarias capaz de controlar su crecimiento poblacional, y he podido comprobar con satisfacción cómo las opiniones técnicas pueden coincidir con frecuencia y lógica con las opiniones políticas.

Muchos ecologistas, legítimamente preocupados por nuestros entornos ambientales, han ignorado durante algún tiempo, o han querido ignorar, que la degradación de nuestros espacios isleños no es ajena a una sobrecarga demográfica inaceptable, y han despreciado a los que desde hace una década planteamos medidas correctoras del crecimiento descontrolado de nuestros padrones vecinales, cuando no han llegado a tratarnos, sin más, de xenófobos o racistas por habernos atrevido a ejercer nuestro derecho a la advertencia.

Hoy ese exceso de población ha desbordado servicios públicos como la sanidad, la educación, la seguridad, ha colapsado el tráfico de nuestras áreas metropolitanas, cada día exige más carreteras, más aparcamientos, más transporte público, más viviendas, más necesidades energéticas... Cualquier planificación al respecto se vuelve en pocos años obsoleta.

A los que nos hemos preocupado de buscar alternativas a esta situación -el Partido Nacionalista Canario puso sobre la mesa en 1998 un borrador de Ley de Residencia para el debate político- nos alegró en su momento que el primer diagnóstico ofrecido por el Comité de Expertos sobre Población e Inmigración el 23 de diciembre de 2002, a instancias de la Presidencia del Gobierno de Canarias de entonces, ratificara sin titubeos que la Comunidad Autónoma tenía posibilidades de "ordenar y regular" la residencia y el trabajo de foráneos sobre la base del Tratado de Ámsterdam (artículo 299.2), de la Constitución Española (artículo 150.2: transferencia o delegación a comunidades autónomas de competencias de titularidad estatal, como las recogidas en el artículo de la CE 149.1. 2º: "Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo"), y del Estatuto de Autonomía (artículo 37.1: "La Comunidad Autónoma de Canarias podrá elevar al Gobierno las propuestas que estime pertinentes sobre la residencia y trabajo de extranjeros en Canarias").

Ese Comité de Expertos, donde figuraba un reputado constitucionalista como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, venía a darnos la razón en los fundamentos jurídicos que permitían al menos el inicio de un diálogo institucional entre la Comunidad canaria, el Estado español y la Unión Europea, diálogo que hasta entonces había sido cercenado por los partidos presentes en el Parlamento de Canarias.

Nunca es tarde si la dicha llega, es lo que pensamos los que estuvimos desde hace tiempo por una racionalización de nuestra demografía de acuerdo a directrices como las invocadas por la Unesco, organismo que advierte que la superpoblación en pequeños territorios como los insulares es cuatro veces más dañina que en la grandes plataformas continentales, pues una alta demografía en las islas termina incidiendo en la psicología y las costumbres de sus habitantes, en el aumento del desempleo y de la marginación, en la destrucción del medio ambiente y de los endemismos, entre otros deterioros no menos graves.

Parece algo de sentido común. Tan de sentido común que hasta el presidente de Malta, pequeño país, con menos kilómetros cuadrados que La Gomera y con cuatrocientos mil habitantes, antes de entrar definitivamente a la Unión Europea en 2004, proclamaba espantado que esperaba que a los más de trescientos millones (hoy serían más de cuatrocientos millones) del Viejo Continente no se les ocurriera meterse de pronto en su isla mediterránea. Lo bueno es que ese espanto tuvo la sabiduría de plasmarlo en una cláusula de salvaguarda en el tratado que firmó con la Unión para que en Malta quedara en suspenso el libre establecimiento de personas vigente en la Europa comunitaria desde 1992.

Se supo adelantar a los acontecimientos, como pudimos hacerlo los canarios antes de entrar a formar parte de Europa. Y lo curioso es que lo hicimos, pero no llegó a plasmarse en los documentos definitivos de la adhesión. Me explico una vez más.

En una página de un gran libro, el de la profesora de la Universidad de La Laguna, María Asunción Asín Cabrera, Islas y Archipiélagos en las Comunidades Europeas, publicado en Madrid por la editorial Tecnos en 1988, descubrí hace tiempo cómo en 1984 el presidente de la Comunidad canaria, Jerónimo Saavedra, en un escrito enviado al presidente del Estado español donde exponía oficialmente la posición de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre el procedimiento de integración de las islas en la Comunidad Económica Europea de entonces, recomendaba introducir una excepcionalidad para el archipiélago referida a la suspensión del principio de libertad de circulación de personas por un periodo transitorio de diez años.

Ni transitorio, ni definitivo: la recomendación de Saavedra se quedó en el trayecto entre Madrid y Bruselas.

¿No es ahora el momento oportuno para negociar en la Europa del reciente Tratado de Lisboa algo tan elemental como el número de habitantes que es capaz de soportar el Archipiélago canario, sobre todo si ya sabemos que en el Informe de la Comisión europea dado a conocer en la capital portuguesa se establecen futuras actuaciones de la Unión en cuatro frentes relacionados con aspectos demográficos, inmigración, transportes marítimos y asuntos financieros de las regiones ultraperiféricas?

Se hace necesario un frente consensuado entre las distintas fuerzas políticas de Canarias para elevar a las autoridades europeas un estado de la cuestión poblacional de nuestras islas. Una posición conjunta y fortalecida por el respaldo de la mayoría parlamentaria y apoyada por el gobierno del Estado español.

La principal fuente de riqueza del Archipiélago exige de nosotros que no convirtamos nuestros ámbitos insulares en macrociudades o en aglomeraciones rurales donde reine el mal gusto arquitectónico y un urbanismo laberíntico de callejuelas zigzagueantes donde no se distinguen las aceras del peatón del asfalto de los automóviles. Un desorden elevado a categoría de legalidad merced a clientelismos electorales y vistas gordas de los municipalistas de turno.

Lo exige el turismo y lo exige una convivencia que no podemos seguir dinamitando. Las islas, algunas de ellas, se nos han vuelto extrañas de la noche a la mañana. En apenas los cuarenta y siete años que han bastado para multiplicar por dos el número de sus habitantes.

COMENTARIO: Muchas gracias Daniel por la información y recomendarme este artículo de opinión. Opinión que, coincido contigo, en absoluto comparto. De Juan Manual García Ramos respeto su estatus de catedrático de universidad, su intelectualidad y alto nivel cultural, así como su condición de escritor (actual premio Canarias de Literatura 2006), pero de su ideario político discrepo y este tipo de artículos, muy suyos, no dejan de ser algo así como una inadecuada promoción de un nacionalismo ya trasnochado.

Fuente:http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/257897/