lunes, 21 de abril de 2014 | |
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Entendemos que los argumentos del TC "El derecho a la salud y el derecho a la integridad física (...) no pueden verse desvirtuados por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado" reafirman lo que se ya se había señalado desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que el RD Ley 16/2012 vulneraba los derechos humanos básicos de estas personas y que el efecto económico de la medida era irrelevante e incluso potencialmente negativo.
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