miércoles, 4 de marzo de 2009

MENORES, MALTRATO Y POLÍTICA DE EXTRANJERÍA

Cheb Hbitri bajo un camión
Eduardo Romero
El 1 de septiembre de 2008 S. ingresó en la Unidad de Primera Acogida (UPA) del Centro Materno Infantil de Oviedo, dependiente de la Consejería de Bienestar Social del gobierno asturiano. Antes tuvo que vagar durante veinticuatro horas por comisarías y salas de espera hasta que la Consejería consideró admitirlo en el centro. S. llegó a Oviedo después de varias huidas. Primero, con once años, se fue de Fez, su ciudad natal, junto a su madre. Ella confiaba que en Nador, una ciudad marroquí muy cercana a Melilla, podrían superar la muerte de su marido, del padre de S. Como muchas otras mujeres empobrecidas, comenzó la venta de ropas y telas a los turistas europeos como estrategia de supervivencia familiar. S., cansado de la miseria y soñando ayudar a su madre, pronto continuó la huida y quiso probar suerte en Melilla.
La esperanza de papeles y un trabajo en Europa empuja a muchos menores a la peligrosa aventura de cruzar la frontera. Sin embargo, las autoridades melillenses le acogieron a base de amenazas y maltratos en el oscuro Centro de Menores La Purísima, un antiguo fuerte militar aislado de la ciudad. De ahí, como tantos otros chicos, S. comenzó la huida más peligrosa de todas: la que le llevó a Málaga jugándose la vida bajo un camión. Y de allí, con la referencia de un amigo que había emprendido el periplo antes que él, S. logró llegar a Oviedo. Las pruebas radiológicas efectuadas a instancias de la Policía Nacional –siniestro protocolo para chicos manifiestamente menores- determinaron que S. tenía quince años.
La ley establece que los menores “ recibirán una atención inmediata en los centros o unidades de primera acogida y observación dispuestos al efecto”. También dice que “durante su estancia en los mismos, que en todo caso no podrá superar los cuarenta y cinco días, se analizará su problemática a fin de determinar la medida de protección a adoptar más apropiada” . Hoy 1 de marzo de 2009, justo medio año después de su llegada, S. continúa en la UPA.
El 3 de febrero, 156 días después de que S. ingresara en la UPA, la Consejera Noemí Martín (IU) aseguraba que hay menores que deben ser educados “de manera más estricta”, ya que presentan “conductas complicadas muchas veces asociadas al consumo de drogas y muestran conductas violentas”. Martín señalaba además que “los menores tienen derechos que hay que proteger y salvaguardar, pero también obligaciones, y cuando están bajo nuestra tutela y protección, como cuando reciben educación de una familia, se les exige obligaciones como a cualquier ciudadano, ya que hay que enseñarles desde pequeños” .
S. tiene derecho a recibir la medida de protección más apropiada, pero sigue en la UPA. S. tiene derecho a ir a la escuela, pues al inicio del curso escolar era menor de 16 años; pero seis meses después, S. está aparcado, dos horas al día, en una academia. S. tiene derecho a la tutela inmediata por parte de la Consejería, pero ha sido tutelado más de cuatro meses después de su llegada. S. lleva casi medio año en una unidad de primera acogida en la que los menores han vivido hacinados durante la mayor parte de este período.
S. cruzó a la Península en los bajos de un camión porque, aunque tenía derecho a ser amparado y tutelado por las autoridades de Melilla, sufría amenazas y agresiones constantes.
Antes de que S. decidiera cruzar la frontera marroquí, ¿tenía S. derecho a que su padre no se muriera? ¿Tenía derecho a una vida digna junto a su madre y sus hermanas en Fez?
Ciertamente, a S. se le ha enseñado desde pequeño que no tiene derechos

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