INTERIOR ORDENA LA DEPORTACIÓN DE LAS ’SIN PAPELES’ CUANDO DENUNCIAN AGRESIONES
Las inmigrantes, excluidas de la Ley de Violencia de Género
Joana G. Grenzner / Fernán Chalmeta / RedacciónEl 12 de noviembre, M., una joven boliviana indocumentada logró evitar su expulsión. Fue detenida en una comisaría pese a haber denunciado violencia de género.
POR LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES. Miles de personas se manifestaron en Madrid el 24 de abril de 2005. / Olmo CalvoEl caso de M., residente en el Estado español desde 2004 y que pide el anonimato, ilustra el doble rasero gubernamental respeto de la población inmigrante, en concreto en lo relativo a la violencia de género. Según Amnistía Internacional (AI), esta desigualdad afecta especialmente a las inmigrantes ‘sin papeles’ y a las que obtuvieron el permiso de residencia por reagrupación familiar con un marido que resultó ser un maltratador. El miedo a la expulsión les impide denunciar y propicia la impunidad del agresor. Según el informe Más riesgos y menos protección, que AI presentó en Madrid el 23 de noviembre, las inmigrantes tienen seis veces más riesgo que las autóctonas de ser asesinadas por sus parejas, especialmente si están indocumentadas. Una realidad alarmante si se tiene en cuenta que más del 35% de los casos de maltrato en el primer trimestre de 2007 han sido contra extranjeras. Desde 2005 AI viene denunciando la existencia de una instrucción del Ministerio de Interior para que la policía curse sanciones u órdenes de expulsión contra las ‘sin papeles’ incluso cuando van a denunciar maltrato. También critica la falta de especialización en los recursos de atención en violencia y de acceso a la autonomía económica para las inmigrantes, esencial para romper con una relación de violencia. La noche del 2 de octubre, M. fue a la comisaría de Villaverde a denunciar a su marido, F.C., del que se había separado porque la sometía a violencia física, psicológica y económica -se niega a pagar la manutención de los hijos de ambos, que viven en Bolivia-. M. presentó un parte de lesiones del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y se le asignó un abogado de oficio, C. Delgado. Al día siguiente, M. volvió a comisaría para denunciar un robo en su domicilio. La policía, al comprobar que estaba en situación irregular, la detuvo e inició un procedimiento de expulsión, pese a conocer la denuncia por malos tratos, internándola en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid. M. pasó 31 días encerrada en el CIE. Finalmente, su decidida oposición a subirse al avión y el apoyo de diversas organizaciones consiguieron frenar su expulsión el 12 de noviembre.
Al quedar libre, M. se encontró de nuevo sin protección: por haber estado detenida en el CIE, no pudo asistir a las vistas orales en el juzgado de Violencia de Género número 5 de Madrid en las que su abogado había iniciado un procedimiento abreviado por violencia de género y solicitado una orden de protección -que incluye el alejamiento de la ex pareja-. En la primera vista, el 3 de octubre, tampoco pudo avisar a su abogado, que se enteró de su situación cuando la familia de M. contactó con él. En la segunda, el 29 de octubre, el abogado no solicitó la protección ante la probabilidad de que su defendida fuera expulsada. El 20 de noviembre, M. y representantes de diversas organizaciones solidarias se reunieron con Pilar Alvarado, directora del Área de Violencia de Género de la Delegación de Gobierno en Madrid, que le aseguró que su orden de expulsión queda suspendida hasta que se celebre el juicio por malos tratos. Al cierre de esta edición, M. había vuelto a solicitar una orden de protección ante el mismo juzgado, ya que su ex pareja sigue acosándola.
www.diagonalperiodico.net
Las inmigrantes, excluidas de la Ley de Violencia de Género
Joana G. Grenzner / Fernán Chalmeta / RedacciónEl 12 de noviembre, M., una joven boliviana indocumentada logró evitar su expulsión. Fue detenida en una comisaría pese a haber denunciado violencia de género.
POR LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES. Miles de personas se manifestaron en Madrid el 24 de abril de 2005. / Olmo CalvoEl caso de M., residente en el Estado español desde 2004 y que pide el anonimato, ilustra el doble rasero gubernamental respeto de la población inmigrante, en concreto en lo relativo a la violencia de género. Según Amnistía Internacional (AI), esta desigualdad afecta especialmente a las inmigrantes ‘sin papeles’ y a las que obtuvieron el permiso de residencia por reagrupación familiar con un marido que resultó ser un maltratador. El miedo a la expulsión les impide denunciar y propicia la impunidad del agresor. Según el informe Más riesgos y menos protección, que AI presentó en Madrid el 23 de noviembre, las inmigrantes tienen seis veces más riesgo que las autóctonas de ser asesinadas por sus parejas, especialmente si están indocumentadas. Una realidad alarmante si se tiene en cuenta que más del 35% de los casos de maltrato en el primer trimestre de 2007 han sido contra extranjeras. Desde 2005 AI viene denunciando la existencia de una instrucción del Ministerio de Interior para que la policía curse sanciones u órdenes de expulsión contra las ‘sin papeles’ incluso cuando van a denunciar maltrato. También critica la falta de especialización en los recursos de atención en violencia y de acceso a la autonomía económica para las inmigrantes, esencial para romper con una relación de violencia. La noche del 2 de octubre, M. fue a la comisaría de Villaverde a denunciar a su marido, F.C., del que se había separado porque la sometía a violencia física, psicológica y económica -se niega a pagar la manutención de los hijos de ambos, que viven en Bolivia-. M. presentó un parte de lesiones del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y se le asignó un abogado de oficio, C. Delgado. Al día siguiente, M. volvió a comisaría para denunciar un robo en su domicilio. La policía, al comprobar que estaba en situación irregular, la detuvo e inició un procedimiento de expulsión, pese a conocer la denuncia por malos tratos, internándola en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid. M. pasó 31 días encerrada en el CIE. Finalmente, su decidida oposición a subirse al avión y el apoyo de diversas organizaciones consiguieron frenar su expulsión el 12 de noviembre.
Al quedar libre, M. se encontró de nuevo sin protección: por haber estado detenida en el CIE, no pudo asistir a las vistas orales en el juzgado de Violencia de Género número 5 de Madrid en las que su abogado había iniciado un procedimiento abreviado por violencia de género y solicitado una orden de protección -que incluye el alejamiento de la ex pareja-. En la primera vista, el 3 de octubre, tampoco pudo avisar a su abogado, que se enteró de su situación cuando la familia de M. contactó con él. En la segunda, el 29 de octubre, el abogado no solicitó la protección ante la probabilidad de que su defendida fuera expulsada. El 20 de noviembre, M. y representantes de diversas organizaciones solidarias se reunieron con Pilar Alvarado, directora del Área de Violencia de Género de la Delegación de Gobierno en Madrid, que le aseguró que su orden de expulsión queda suspendida hasta que se celebre el juicio por malos tratos. Al cierre de esta edición, M. había vuelto a solicitar una orden de protección ante el mismo juzgado, ya que su ex pareja sigue acosándola.
www.diagonalperiodico.net
1 comentario:
QUE FUERTE, QUE FUERTE....!!!! AMIGA
Publicar un comentario