El llamado modelo Vic, que ha hecho famosa a la localidad barcelonesa por el reparto equitativo de alumnos inmigrantes entre centros públicos y concertados, llegando incluso a escolarizar a algunos lejos de sus viviendas, se someterá a cambios. La localidad tiene 40.000 habitantes y 1.628 alumnos inmigrantes, el 23% del total, y aplica, desde 1997, un modelo de reparto entre centros del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) -básicamente, inmigrantes-, que, sin llegar a ser la panacea, ha conseguido buenos resultados.
Los que tienen que estudiar fuera de su barrio reciben becas de transporte
Ahora, pese a mantener sus líneas básicas, el ayuntamiento ha iniciado un proceso de reformulación del modelo para adecuarlo a la nueva realidad sociológica de la ciudad, con dos ejes: la propuesta de crear un aula de transición para los que llegan con el curso empezado y más plazas escolares para que no haya familias que se queden fuera.
La nueva realidad social ha transformado en pocos años la ciudad. Y sus escuelas públicas se han llenado de alumnos -básicamente, magrebíes, latinoamericanos y subsaharianos- que requieren una atención especial. Como medida urgente contra la formación de guetos en algunos centros se optó por fusionar cuatro escuelas de primaria en dos para diluir el problema.
En la ciudad, como en el resto de Cataluña, se sigue el modelo de enseñanza basado en la inmersión en lengua catalana y existe un sistema de reserva de plazas por clase, tanto en centros públicos como concertados, para alumnos con necesidades educativas especiales que varía anualmente en función de la demanda. Al mismo tiempo, se instauró una comisión de seguimiento para garantizar un reparto equitativo entre los centros de distinta titularidad de los alumnos llegados a lo largo del curso, así como un sistema universal de becas de transporte y comedor para las familias más necesitadas obligadas a desplazarse lejos de sus viviendas para escolarizar a sus hijos.
Estas medidas se aplicaron gracias al impulso del ayuntamiento y con el consenso del Departamento de Educación de la Generalitat, direcciones de escuelas públicas y concertadas de la ciudad y representantes de las familias de alumnos.
La política iniciada 10 años atrás ha permitido fomentar la convivencia y la cohesión social hasta llegar a un reparto de alumnos entre los centros bastante equitativos. Este curso, en la etapa educativa de infantil y primaria, los alumnos con necesidades educativas especiales representan el 30% del total. De ellos, el 49% tienen plaza en centros públicos y el 50,5% en concertados. En la secundaria, el total de alumnos con necesidades educativas especiales en Vic representa un 20%, que se reparten el 45% en escuelas públicas y el 54% en concertadas. Este reparto casi proporcional entre centros públicos y concertados de los inmigrantes choca con la situación global en Cataluña, donde la escuela pública acoge el 85% de los alumnos inmigrantes y la concertada, al 15%,
La concejal de Educación de Vic, Anna Erra, reconoce que muchos alumnos de centros, como el colegio Santa Catarina o el CEIP La Sínia, son de familias inmigrantes pero nacidos en Vic y se pregunta: "¿Hasta cuándo los vamos a considerar inmigrantes y hasta qué punto se trata de alumnos con necesidades educativas especiales?"
Actualmente, el modelo está inmerso en un proceso de reformulación iniciado por el nuevo consistorio ante la evidencia de puntos débiles tras diez años de aplicación. La propuesta estrella de esta transformación es la creación de un aula de transición para aquellos alumnos llegados a lo largo del curso, que el año pasado fueron 323, mientras la comisión de escolarización no les asigna escuela. Su principal función, según Erra, sería "hacer más fácil la integración de estos alumnos pero también de sus familias a la escuela, a la ciudad a la que llegan, a su cultura y a su lengua".
Para combatir el alto porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales en las aulas y aumentar cada vez más las plazas reservadas para éstos, el ayuntamiento propone elevar la oferta escolar y que este crecimiento se haga en función de la demanda real de plazas públicas y concertadas. Esta demanda ajustada a las preferencias de las familias de Vic, que optan principalmente por la escuela concertada.
El consistorio también reclama más recursos, económicos de gestión y de aulas de acogida, para las escuelas concertadas al considerar que hacen un esfuerzo similar a las públicas para acoger a alumnos inmigrantes sin gozar de la misma ayuda institucional. Pero algunos sectores han denunciado que se busca beneficiar la escuela concertada en vez de potenciar la pública.
Los que tienen que estudiar fuera de su barrio reciben becas de transporte
Ahora, pese a mantener sus líneas básicas, el ayuntamiento ha iniciado un proceso de reformulación del modelo para adecuarlo a la nueva realidad sociológica de la ciudad, con dos ejes: la propuesta de crear un aula de transición para los que llegan con el curso empezado y más plazas escolares para que no haya familias que se queden fuera.
La nueva realidad social ha transformado en pocos años la ciudad. Y sus escuelas públicas se han llenado de alumnos -básicamente, magrebíes, latinoamericanos y subsaharianos- que requieren una atención especial. Como medida urgente contra la formación de guetos en algunos centros se optó por fusionar cuatro escuelas de primaria en dos para diluir el problema.
En la ciudad, como en el resto de Cataluña, se sigue el modelo de enseñanza basado en la inmersión en lengua catalana y existe un sistema de reserva de plazas por clase, tanto en centros públicos como concertados, para alumnos con necesidades educativas especiales que varía anualmente en función de la demanda. Al mismo tiempo, se instauró una comisión de seguimiento para garantizar un reparto equitativo entre los centros de distinta titularidad de los alumnos llegados a lo largo del curso, así como un sistema universal de becas de transporte y comedor para las familias más necesitadas obligadas a desplazarse lejos de sus viviendas para escolarizar a sus hijos.
Estas medidas se aplicaron gracias al impulso del ayuntamiento y con el consenso del Departamento de Educación de la Generalitat, direcciones de escuelas públicas y concertadas de la ciudad y representantes de las familias de alumnos.
La política iniciada 10 años atrás ha permitido fomentar la convivencia y la cohesión social hasta llegar a un reparto de alumnos entre los centros bastante equitativos. Este curso, en la etapa educativa de infantil y primaria, los alumnos con necesidades educativas especiales representan el 30% del total. De ellos, el 49% tienen plaza en centros públicos y el 50,5% en concertados. En la secundaria, el total de alumnos con necesidades educativas especiales en Vic representa un 20%, que se reparten el 45% en escuelas públicas y el 54% en concertadas. Este reparto casi proporcional entre centros públicos y concertados de los inmigrantes choca con la situación global en Cataluña, donde la escuela pública acoge el 85% de los alumnos inmigrantes y la concertada, al 15%,
La concejal de Educación de Vic, Anna Erra, reconoce que muchos alumnos de centros, como el colegio Santa Catarina o el CEIP La Sínia, son de familias inmigrantes pero nacidos en Vic y se pregunta: "¿Hasta cuándo los vamos a considerar inmigrantes y hasta qué punto se trata de alumnos con necesidades educativas especiales?"
Actualmente, el modelo está inmerso en un proceso de reformulación iniciado por el nuevo consistorio ante la evidencia de puntos débiles tras diez años de aplicación. La propuesta estrella de esta transformación es la creación de un aula de transición para aquellos alumnos llegados a lo largo del curso, que el año pasado fueron 323, mientras la comisión de escolarización no les asigna escuela. Su principal función, según Erra, sería "hacer más fácil la integración de estos alumnos pero también de sus familias a la escuela, a la ciudad a la que llegan, a su cultura y a su lengua".
Para combatir el alto porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales en las aulas y aumentar cada vez más las plazas reservadas para éstos, el ayuntamiento propone elevar la oferta escolar y que este crecimiento se haga en función de la demanda real de plazas públicas y concertadas. Esta demanda ajustada a las preferencias de las familias de Vic, que optan principalmente por la escuela concertada.
El consistorio también reclama más recursos, económicos de gestión y de aulas de acogida, para las escuelas concertadas al considerar que hacen un esfuerzo similar a las públicas para acoger a alumnos inmigrantes sin gozar de la misma ayuda institucional. Pero algunos sectores han denunciado que se busca beneficiar la escuela concertada en vez de potenciar la pública.
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